El presidente de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, José Sena, aseguró que para que las empresas de ese sector puedan lograr financiamiento se les exige el cumplimiento de las regulaciones ambientales y sociales, los convenios internacionales sobre la biodiversidad, el cambio climático y la seguridad jurídica para el inversionista.
El dirigente empresarial dictó la conferencia “La minería responsable y su impacto en el desarrollo económico, integral e inclusivo de la República Dominicana”, organizado por la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad, con la participación de funcionarios municipales, representantes de los sectores comercial, industrial e invitados especiales.
La actividad fue iniciada con las palabras de Fernando González Nicolás, presidenta de la Mesa Redonda de la Mancomunidad, y estuvo encabezada por Hanoi Sánchez, alcaldesa de San Juan de la Maguana; Domingo Aquino, presidente de la Cámara Comercio de esa provincia; Natalie Samson y Michael Schweizer, encargados de negocios de las embajadas de Canadá y Suiza, y Claudio Fernández, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de la República Dominicana (FEDOCAMA).
Sena definió la minería responsable como un sistema de buenas prácticas éticas, económicas, ambientales y sociales que se aplican mundialmente a las empresas de ese ramo, y que en el país permitirá continuar con las inversiones directas que en los últimos 10 años totalizaron más de 6,200 millones de dólares.
“La minería responsable se sustenta en diez principios fundamentales, los cuales son exigidos y monitoreados por las instituciones internacionales responsables de su financiamiento, y por los ministerios de minas y medio ambiente nacionales, que fiscalizan sus actividades para el fiel cumplimiento”, dijo el presidente de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana.
Indicó que la minería responsable impulsa la economía, atrae inversiones, genera empleos, mejora la calidad de vida, protege el medio ambiente y genera un desarrollo social durable como podemos apreciar por lo antes dicho, y puso como ejemplo los resultados de un estudio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de los años 1993, 2002 y 2010 que señala que La Vega, Bonao, Sánchez Ramírez y Pedernales mejoraron significativamente su índice de pobreza luego de las inversiones mineras en estas ciudades.
Sena explicó que la minería responsable ha sido avalada por el Consejo Internacional de Minería y Metales, dentro de los Principios del Desarrollo Sostenible para las naciones que tienen el privilegio de alojar en el subsuelo minerales metálicos, no-metálicos e hidrocarburos.
El presidente de la Cámara precisó que uno de los compromisos de la aplicación del concepto de minería responsable es contribuir con el desarrollo social, económico e institucional de las comunidades donde operan las minas, así como la entrega de los beneficios económicos al Estado, a la provincia que aloja el yacimiento con sus municipios y comunidades, también al inversionista guiado por la transparencia del fideicomiso para estas localidades y zonas mineras, como del fondo minero para las futuras generaciones.
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